Cecilia Orozco Tascón.- La sentencia de la Corte Constitucional que autorizó la interrupción del embarazo ha sido fuertemente objetada por la Procuraduría. ¿Qué impacto ha tenido esa posición en el desarrollo y cumplimiento del fallo que permite el aborto cuando las mujeres han sido violadas o cuando están en peligro de que ellas o el feto no sobrevivan al embarazo?
Beatriz Quintero García.- La prestación del servicio médico de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el sistema de salud se hace cada vez más difícil. Le atribuimos ese resultado a la campaña que la Procuraduría ha hecho durante cuatro años tratando de desmontar ese avance constitucional que no ordena, como se ha dicho falsamente, que las mujeres aborten, sino que permite que puedan decidir libremente si desean continuar con su embarazo en los casos que usted menciona.
C.O.T.- ¿Ustedes promueven el aborto?
B.Q.G.- No somos proabortistas. Defendemos la libertad de las mujeres de decidir sobre su embarazo, que es bien diferente. Desafortunadamente la Procuraduría, en este período que termina en diciembre, y una de cuyas funciones consiste en proteger los derechos de todos y no los de algunos colombianos a tiempo que debe hacer cumplir las decisiones de la Corte, se ha dedicado a desacreditar a quienes respetamos la sentencia y a ponerles obstáculos a las que desean ejercitar ese derecho. También ha creado confusión entre los profesionales que tienen que atender el requerimiento de la IVE en clínicas y hospitales.
C.O.T.- Entonces en opinión, ¿el procurador ha incumplido su función constitucional?
B.Q.G.- Sí. Ha incumplido la sentencia (C -355 de 2006) sobre aborto terapéutico y también sus decisiones posteriores en donde desarrolla tal posición. Hemos hecho seguimiento cronológico de las actuaciones de la Procuraduría en este tema desde cuando empezó el período de Alejandro Ordóñez y encontramos un promedio de entre diez y doce cada año en contra del ejercicio del derecho de la IVE. Y en contra de las mujeres que quieren ejercerlo, algunas de las cuales han sido perseguidas. Dichas acciones le han valido al procurador varios regaños de la Corte Constitucional, pero nadie lo sanciona.
C.O.T.- Señale algunas de esas acciones.
B.Q.G.- Hay varias: la advertencia intimidatoria que le hizo al entonces alcalde de Medellín, Alonso Salazar, quien tenía previsto en su plan de desarrollo la construcción de una clínica para atender a las mujeres con el fin de que no continuara con su programa, so pena de sancionarlo, como lo hizo, de todas maneras, por otro motivo. La investigación que le inició al Ministerio de Protección Social porque estaba implementando una reglamentación para la práctica de la IVE. La circular contra la Superintendencia de Salud cuando ésta se ocupó de recordarles a las EPS la obligatoriedad de cumplir la sentencia. Y la oposición a que se dictara una cátedra que exigió la Corte sobre los derecho sexuales y reproductivos que el procurador llamó inapropiadamente “la cátedra del aborto”.
C.O.T.- ¿Esa posición que usted describe es, a su juicio, la oficial de la Procuraduría o la personal de Alejandro Ordóñez?
B.Q.G.- La persona Alejandro Ordóñez ha mezclado sus creencias religiosas con la función que le corresponde al procurador general. A él no lo criticamos por su religión, sino por confundir lo que defiende en su fuero interno con sus decisiones públicas. En un Estado constitucionalmente laico, su actitud no es admisible. Por el contrario, debería ser sancionada porque violenta la Carta Política que juró respetar y violenta a la sociedad cuando pretende forzarla a acatar lo que ordenan sus creencias antes que lo que ordena la Constitución.
C.O.T.- Pero el procurador alega que es a él a quien persiguen por su carácter de católico. Hay que señalar que eso también está prohibido en la Carta.
B.Q.G.- Sí, él es muy hábil: sindica a los demás de lo que él practica con éxito por el poder de sanción que tiene. Con sus decisiones judiciales, advertencias, circulares y declaraciones persigue a quienes no comparten su religión ni lo que ésta ordena. En cambio, a quienes defendemos nuestros derechos no nos queda más que organizarnos en grupos sin otro recurso que nuestra voz de protesta. Compare usted el poder de la Procuraduría con el que pueden tener unas ciudadanas comunes y juzgue quién tiene capacidad de persecución y quién sólo de defensa.
C.O.T.- A propósito de la procuradora Ilva Myriam Hoyos, a la que usted menciona (en la parte superior de la página), como denunciante de Mónica Roa. ¿Qué opinión tiene de su labor oficial?
B.Q.G.- Es una profesional con títulos suficientes. Sin embargo, es evidente que ella tiene los mismos prejuicios que el procurador. Hoyos perteneció a la denominada Red Futuro Colombia que se define a sí misma como una agrupación “pluriconfesional que defiende la familia como núcleo fundamental de la sociedad”. Es una organización que siempre se ha opuesto a los desarrollos constitucionales que tienen que ver con el reconocimiento de los derechos de las mujeres —en cuanto a la interrupción del embarazo— y los derechos de las parejas homosexuales, dos puntos nodales, casi obsesivos, que se encuentran en la posición ultrarreligiosa que tienen el procurador y su delegada.
C.O.T.- ¿La Procuraduría ha denunciado a médicos o clínicas que realizan el procedimiento de aborto autorizado por la Corte?
B.Q.G.- Se ha dedicado más bien a defender una mal entendida objeción de conciencia. Ante la confusión creada por los escritos de la Procuraduría, la Corte ha dicho claramente que los médicos, individualmente, pueden acudir a esa figura para no realizar una IVE, pero con la obligación de informarle a la mujer adecuadamente de lo que se trata y de remitirla de inmediato a otro médico no objetor. Es decir, la Corte dice que la objeción no puede usarse como una barrera para impedir el cumplimiento de la sentencia. La Procuraduría, en cambio, afirma que existe el derecho colectivo médico o lo que es lo mismo, la existencia de una sola conciencia para todo un grupo social. Según él, una clínica tiene derecho a argumentar objeción de conciencia institucionalmente.
C.O.T.- ¿Conciencia institucional? ¿No se tratará de una interpretación exagerada?
B.Q.G.- Claro que no. Tanto es así que la Procuraduría presentó el año pasado un proyecto de ley que ni siquiera se discutió por lo absurdo de su contenido y por eso su trámite no alcanzó a pasar de la Comisión Primera de la Cámara.
C.O.T.- ¿Cree que el procurador es enemigo de las mujeres?
B.Q.G.- Creo que es enemigo de que las mujeres ejerzamos nuestros derechos, sobre todo el de la libertad.
C.O.T.- De acuerdo con el seguimiento que les han hecho a las decisiones del procurador en estos cuatro años, ¿cuál sería la conducta que él quisiera que tuvieran las mujeres?
B.Q.G.- Debería ser una mujer tradicional en todas las decisiones y actos de su vida. Creer que hay una sola forma de familia compuesta por el señor, la señora y los hijos. No tomar decisiones sobre su cuerpo, no ejercer la anticoncepción ni tampoco la maternidad libre en el sentido de decidir en qué momento tiene o deja de tener hijos. Sin temor a equivocarme afirmo que el doctor Ordóñez está en contra de las mujeres del siglo XXI, de las que son autónomas, libres y de aquellas que buscan la tranquilidad y la felicidad en otros espacios diferentes a los dogmáticos.
C.O.T.- ¿Qué representaría para la Mesa que usted coordina la reelección de Alejandro Ordóñez?
B.Q.G.- La reelección representa el desequilibrio de los poderes en nuestro esquema constitucional. En el caso del procurador, la situación es más delicada si su nombre resulta candidatizado por el presidente, porque se supone que es a los funcionarios de su gobierno a quienes su postulado va a vigilar. Ahora, si pensamos en su reelección en términos de nuestros derechos, ya sabemos cómo va a actuar y lo que puede pasar con su poder renovado por otros cuatro años. El presidente ha dicho que quiere dejar un país moderno y más avanzado. Si nomina a Ordóñez estaría entrando en contradicción consigo mismo y con lo que ha dicho, porque el procurador representa un fundamentalismo de siglos pasados y países atrasados, alejados de las garantías y los derechos de las minorías y de los más débiles de la sociedad.
C.O.T.- No hay que desconocer que Ordóñez tiene todos los cabos agarrados. Según se dice, no hay quién le gane en una terna.
B.Q.G.- En el juego democrático que todavía existe podemos pedirles, además de al presidente, a la Corte Suprema y al Consejo de Estado que piensen en que ellas también juraron proteger la Constitución y que postular a alguien que incumple los principios básicos de la misma, le envía un mensaje peligroso al país. Si los miembros de las cortes son, en verdad, demócratas, buscarán a un candidato fuerte con posibilidades de elección y que se caracterice por la defensa de las minorías, la igualdad ante la ley, el libre desarrollo de la personalidad, etc., y del Estado laico.
C.O.T.- ¿Qué opinan de las ternas en las que se incluyen mujeres por el requisito jurídico de cuota femenina, pero a quienes casi siempre ponen “de relleno”?
B.Q.G.- Esa es otra jugada que se le hace a la legalidad: cumplen la ley de cuotas en la forma. En el fondo, es la misma discriminación por razones de género. La preponderancia masculina en este tipo de elección es evidente. ¿Por qué no una gran jurista como procuradora general?
C.O.T.- ¿Es cierto que ustedes están pensando en pasar a la acción pública en el sentido de protestar por la posible reelección de Alejandro Ordóñez?
B.Q.G.- Sí. Ahora estamos en proceso de organizarnos para iniciar una protesta pública. Preparamos varias acciones. Lo primero que haremos será firmar y publicar una carta en la que les solicitaremos a quienes pueden escoger candidato para la terna que seleccionen personas de altas calidades que puedan sustituir a Ordóñez. Y en segundo lugar, haremos movilizaciones con el mismo objeto.
Reelección asegurada
Alejandro Ordóñez llegó a la Procuraduría en enero de 2009 y en diciembre cumplirá su periodo de cuatro años. Por tanto, deberá producirse una nueva elección para escoger a quien ocupará su silla en el próximo cuatrienio. Sin embargo, por lo que parece ser un vacío constitucional, el funcionario que ocupe esta alta posición puede reelegirse mientras que en la Carta Política quedó prohibida la misma figura para cargos como los del Fiscal General y Contralor General. Aprovechando esta circunstancia, Ordóñez ha dedicado su inmenso poder a lograr, primero, que lo incluyan en la terna de candidatos que escogen el Presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Después, a que lo elijan cuando se presente la votación en el Senado donde Ordóñez tiene infinitas posibilidades. A su controvertida actuación como procurador, debido a sus posiciones ultrarreligiosas, se le suman los crecientes rumores sobre el uso que el actual jefe del Ministerio Público ha hecho del arma del clientelismo, tanto con los congresistas como con los magistrados de las cortes, a cuyos parientes y amigos ha ofrecido puestos con apetitosos salarios para mantenerlos a su lado y amarrar sus votos. Por todo lo anterior, se da por hecha la reelección de uno de los más caracterizados representantes de la ultraderecha colombiana.
¿Persecutor de mujeres?
Cecilia Orozco.- Mencióneme mujeres a las que la Procuraduría haya “perseguido”, según lo que usted afirma.
Beatriz Quintero.- Le menciono tres: 1. Denuncia penal de la procuradora Ilva Myriam Hoyos contra la directora del programa Women´s Link, Mónica Roa, la persona que promovió la discusión sobre la despenalización del aborto 2. Denuncia penal de la Procuraduría contra una mujer de Villavicencio por haberse practicado un aborto por fuera del sistema de salud, después de que este le negó el procedimiento 3. Ataque de la Procuraduría a una sentencia que amparó los derechos de una niña de 13 años que fue obligada a tener un bebé, cuando una EPS no quiso practicarle el aborto: el procurador defiende a la EPS y desconoce los derechos de la adolescente.
C.O.- ¿Cómo pedirle a Ordóñez que actúe contra su religión?
B.Q.- Nunca hemos hecho eso. Él tiene derecho a creer en lo que quiera. El punto es que Colombia es un Estado laico, no religioso. En consecuencia, quien sea funcionario se somete a la ley, no a los preceptos de su culto que tiene que cumplir en un ámbito privado. Si alguien siente que en su trabajo va a violentar su conciencia, no debe aceptar el cargo. Lo que no puede hacer es volver sus creencias un asunto de obligatorio cumplimiento para el resto del país.
