El congresista insistió que Colombia tiene una cultura excepcional que recibe información de personas que desconocen el régimen constitucional, con algunos medios que dan rienda suelta a equivocadas interpretaciones producto de su improvisación. No obstante, aclaró Enríquez Maya, si existió alguna falta de procedimiento lo correcto es que la Corte Constitucional se pronuncie. “Pienso que las objeciones que planteó en su momento el presidente Santos son respetables, aunque constitucionalmente no las comparto”, concluyó el dirigente político.
De cualquier modo, será ahora el Consejo de Estado, al margen de las averiguaciones de otras instancias judiciales, el que determine si los congresistas que participaron en la conciliación de la reforma a la justicia legislaron en causa propia. Al menos quedó la sensación de que flexibilizando la sanción de pérdida de investidura, otorgándoles fuero a funcionarios del Congreso distintos a los legisladores o aprobando que no podían ser detenidos sino cuando existiera una acusación formal en su contra, al menos se estaban blindando frente a la rigurosidad del Poder Judicial.
El caso en otras instancias judiciales
Al tiempo que la reforma a la justicia avanzaba en la Cámara de Representantes y el Senado de la República , en la Procuraduría se empezaron a recibir diversas denuncias. La revisión de cerca de 25 quejas derivó en que el Ministerio Público expidiera un auto con el fin de comenzar una indagación preliminar.
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