Considera que nuevos recursos-$ 2 billones en seis años- deben estar amarrados a resultados.
En el Juzgado Tercero Civil de Bogotá está la que podría ser la demanda más vieja del país. El caso de la quiebra de una empresa en 1980 -que sobre el papel debió resolverse en seis meses- completó 32 años en ese despacho sin decisión alguna.
El abogado Jairo López Morales acaba de pedirle a la Judicatura que investigue a la actual titular del juzgado porque, solo ella, lleva cinco añossin mover un expediente sobre el que paradójicamente las partes se pusieron de acuerdo por fuera de la justicia. La misma denuncia pesa sobre otros cuatro jueces que antes estuvieron allí.
Por casos como ese, la Contraloría prepara un crítico documento en el que le advierte al Gobierno la necesidad de garantizar el uso eficiente de los recursos para descongestión e implementar los nuevo códigos que le serán entregados a la justicia -2 billones de pesos adicionales al presupuesto ordinario- en los próximos seis años.
Aunque la Judicatura reporta que el año pasado, por primer vez, los jueces evacuaron más casos de los que resolvieron -5 millones 075 mil sentencias frente a 4 millones 650 mil nuevo casos-, la Contraloría considera que ese resultado no se compadece con los recursos adicionales invertidos desde el 2009, que fueron del orden de los 500 mil millones.
"A este ritmo, el país se tardaría por lo menos 10 años en salir del retraso histórico con los procesos -dice Javier Lastra, el contralor delegado para Defensa, Justicia y Seguridad- (...) Por supuesto que es importante que el Estado destine más recursos para la administración de justicia, pero los giros deben hacerse contra resultados, midiendo la productividad".
El año pasado, a un costo de 228 mil millones, la Rama contrató temporalmente 7.078 personas para descongestión, de los cuales 1.177 tenían el cargo de magistrado, magistrado auxiliar o juez. El resto era personal de apoyo.
Despachos no están listos
La Contraloría sugiere que se cambie el modelo de cuatro empleados por juez y se creen más unidades que atiendan a varios jueces, para destinar mayores recursos a personal que decide los casos. También, establecer metas de productividad comparables a los de otros países de la región que, señala un informe del organismo de control, tienen más decisiones judiciales con el mismo número de jueces.
Una investigación de ese organismo revelada por EL TIEMPO comparó la productividad de la justicia colombiana y encontró que esta es hasta cuatro veces menor que la de países como Chile, Brasil y Perú, que cuentan con un menor número de jueces, pero logran un mayor número de sentencias. Un juez de Estados Unidos saca en promedio ocho veces más procesos al año que sus pares colombianos.
De todas las jurisdicciones, según ese informe, la menos eficiente es la Disciplinaria -encargada de investigar y sancionar casos como el del Juzgado Tercero Civil-. Allá, un caso demora en promedio 625 días, cuando en teoría no debería prolongarse más de 220. Eso, a pesar de que son los despachos que más plata le cuestan al país. Un juez disciplinario y su equipo valen al año 252 millones de pesos, mientras que un despacho penal gasta 207 millones y uno administrativo, 190 millones.
La demora en la justicia no solo está afectando a los ciudadanos, sino que incide en la competitividad del país. Un estudio del Banco Mundial realizado en el 2011 señala que el promedio de duración de un proceso civil en el sistema judicial colombiano es de 1.346 días, más de cuatro veces el término legal.
Bajo el proyecto Doing Business, el organismo multilateral examinó la eficiencia del aparato de justicia en 183 países y encontró que la terminación de un contrato en Colombia en estrados judiciales les cuesta a las partes casi el 48 por ciento del valor del negocio, y el tramite judicial lleva, como mínimo, 34 pasos. Esto ubica a la Nación en el puesto 178 en la materia.
Y aunque las últimas reformas (el Código General del Proceso y la modernización del Código Contencioso Administrativo) implementarán cambios claves en la marcha de la justicia, siguen los problemas para ponerlas en práctica.
Este martes, la Contraloría anunció juicio fiscal contra los responsables de preparar la logística para implantar la justicia oral en las demandas entre particulares y contra el Estado. El Código Administrativo entró a regir el 1 de julio, y aunque la Judicatura tuvo año y medio para prepararse, solo hay 16 despachos con los equipos de grabación preparados, de más de un centenar que deberían estar listos.
Más jueces provisionales
El abogado Jairo López Morales acaba de pedirle a la Judicatura que investigue a la actual titular del juzgado porque, solo ella, lleva cinco añossin mover un expediente sobre el que paradójicamente las partes se pusieron de acuerdo por fuera de la justicia. La misma denuncia pesa sobre otros cuatro jueces que antes estuvieron allí.
Por casos como ese, la Contraloría prepara un crítico documento en el que le advierte al Gobierno la necesidad de garantizar el uso eficiente de los recursos para descongestión e implementar los nuevo códigos que le serán entregados a la justicia -2 billones de pesos adicionales al presupuesto ordinario- en los próximos seis años.
Aunque la Judicatura reporta que el año pasado, por primer vez, los jueces evacuaron más casos de los que resolvieron -5 millones 075 mil sentencias frente a 4 millones 650 mil nuevo casos-, la Contraloría considera que ese resultado no se compadece con los recursos adicionales invertidos desde el 2009, que fueron del orden de los 500 mil millones.
"A este ritmo, el país se tardaría por lo menos 10 años en salir del retraso histórico con los procesos -dice Javier Lastra, el contralor delegado para Defensa, Justicia y Seguridad- (...) Por supuesto que es importante que el Estado destine más recursos para la administración de justicia, pero los giros deben hacerse contra resultados, midiendo la productividad".
El año pasado, a un costo de 228 mil millones, la Rama contrató temporalmente 7.078 personas para descongestión, de los cuales 1.177 tenían el cargo de magistrado, magistrado auxiliar o juez. El resto era personal de apoyo.
Despachos no están listos
La Contraloría sugiere que se cambie el modelo de cuatro empleados por juez y se creen más unidades que atiendan a varios jueces, para destinar mayores recursos a personal que decide los casos. También, establecer metas de productividad comparables a los de otros países de la región que, señala un informe del organismo de control, tienen más decisiones judiciales con el mismo número de jueces.
Una investigación de ese organismo revelada por EL TIEMPO comparó la productividad de la justicia colombiana y encontró que esta es hasta cuatro veces menor que la de países como Chile, Brasil y Perú, que cuentan con un menor número de jueces, pero logran un mayor número de sentencias. Un juez de Estados Unidos saca en promedio ocho veces más procesos al año que sus pares colombianos.
De todas las jurisdicciones, según ese informe, la menos eficiente es la Disciplinaria -encargada de investigar y sancionar casos como el del Juzgado Tercero Civil-. Allá, un caso demora en promedio 625 días, cuando en teoría no debería prolongarse más de 220. Eso, a pesar de que son los despachos que más plata le cuestan al país. Un juez disciplinario y su equipo valen al año 252 millones de pesos, mientras que un despacho penal gasta 207 millones y uno administrativo, 190 millones.
La demora en la justicia no solo está afectando a los ciudadanos, sino que incide en la competitividad del país. Un estudio del Banco Mundial realizado en el 2011 señala que el promedio de duración de un proceso civil en el sistema judicial colombiano es de 1.346 días, más de cuatro veces el término legal.
Bajo el proyecto Doing Business, el organismo multilateral examinó la eficiencia del aparato de justicia en 183 países y encontró que la terminación de un contrato en Colombia en estrados judiciales les cuesta a las partes casi el 48 por ciento del valor del negocio, y el tramite judicial lleva, como mínimo, 34 pasos. Esto ubica a la Nación en el puesto 178 en la materia.
Y aunque las últimas reformas (el Código General del Proceso y la modernización del Código Contencioso Administrativo) implementarán cambios claves en la marcha de la justicia, siguen los problemas para ponerlas en práctica.
Este martes, la Contraloría anunció juicio fiscal contra los responsables de preparar la logística para implantar la justicia oral en las demandas entre particulares y contra el Estado. El Código Administrativo entró a regir el 1 de julio, y aunque la Judicatura tuvo año y medio para prepararse, solo hay 16 despachos con los equipos de grabación preparados, de más de un centenar que deberían estar listos.
Más jueces provisionales
Judicatura revisa plan para acabar congestión
Con la aplicación de medidas que brindan los códigos para terminar procesos estancados -como el desestimiento tácito y la perención- y el nombramiento de más de mil jueces y magistrados de descongestión en los próximos meses, la Sala Administrativa del Consejo Superior Judicatura espera reducir los cerca de 2,6 millones de procesos que hay represados en los despachos judiciales, señaló el presidente de esa corporación, el magistrado Néstor Raúl Correa.
El inicio de la oralidad en las causas civiles y administrativas, que se empezaron a implementar desde hace año y medio en el país, también darán un impulso a las medidas de descongestión, agregó Correa.
El inicio de la oralidad en las causas civiles y administrativas, que se empezaron a implementar desde hace año y medio en el país, también darán un impulso a las medidas de descongestión, agregó Correa.
Corte dio 8 días para fallar, pero Tribunal ya lleva 2 años
La orden de la Corte Constitucional al Tribunal Superior de Cartagena para que en ocho días resolviera un caso y le devuelva a la Gobernación de Bolívar cerca de 120 mil millones de pesos que le tienen embargados completó más de 500 días sin cumplimiento.
La plata de la Gobernación, correspondiente al impuesto de la cerveza, sigue embargada. La razón: no ha sido posible que durante este tiempo los magistrados puedan conformar la sala debido a los impedimentos.
Este caso comenzó en el 2001, cuando la Asociación de Maestros Jubilados de Bolívar presentó demanda solicitando el reajuste pensional. Desde entonces, una decisión judicial ordenó el embargo.
Tras una conciliación y tras varios procesos en los estrados judiciales, el asunto terminó en una tutela que fue revisada por la Corte Constitucional, que le fijo el plazo al Tribunal de Cartagena.
Para el gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, lo que se está presentando aquí es una "dilación de la justicia porque la Corte ya dio ocho días de plazo para que nos entreguen la plata. Los magistrados se reúnen cada seis meses para conformar la sala y resolver el tema, pero entonces descubren que uno de ellos está impedido".
Explicó que los impedimentos son por amistad o por enemistad con uno de los actores intervinientes en el proceso. Para sortear este problema se designaron unos conjueces, pero prácticamente ocurrió lo mismo. Dos de ellos se han declarado impedidos.
La demanda
El caso se originó en el 2001. La Asociación de Maestros Jubilados de Bolívar demandó al Departamento solicitando el reajuste de las mesadas pensionales. El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena les falló a favor. Pero fue apelado y el Tribunal Superior de Cartagena revocó la decisión del juzgado. A pesar de esto, la Gobernación accedió a conciliar y se dispuso que el dinero se pagaría con el 30 por ciento del Impuesto al consumo de la cerveza.
La Gobernación solicitó la nulidad de todo lo actuado, lo cual fue rechazado, por improcedente y extemporáneo, por la Juez Séptima Laboral del Circuito.
Por tutela, el caso llegó hasta la Corte Constitucional, que finalmente ordenó al Tribunal de Cartagena levantar la suspensión del proceso y que resuelva el caso en un término máximo de ocho días.
La plata de la Gobernación, correspondiente al impuesto de la cerveza, sigue embargada. La razón: no ha sido posible que durante este tiempo los magistrados puedan conformar la sala debido a los impedimentos.
Este caso comenzó en el 2001, cuando la Asociación de Maestros Jubilados de Bolívar presentó demanda solicitando el reajuste pensional. Desde entonces, una decisión judicial ordenó el embargo.
Tras una conciliación y tras varios procesos en los estrados judiciales, el asunto terminó en una tutela que fue revisada por la Corte Constitucional, que le fijo el plazo al Tribunal de Cartagena.
Para el gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, lo que se está presentando aquí es una "dilación de la justicia porque la Corte ya dio ocho días de plazo para que nos entreguen la plata. Los magistrados se reúnen cada seis meses para conformar la sala y resolver el tema, pero entonces descubren que uno de ellos está impedido".
Explicó que los impedimentos son por amistad o por enemistad con uno de los actores intervinientes en el proceso. Para sortear este problema se designaron unos conjueces, pero prácticamente ocurrió lo mismo. Dos de ellos se han declarado impedidos.
La demanda
El caso se originó en el 2001. La Asociación de Maestros Jubilados de Bolívar demandó al Departamento solicitando el reajuste de las mesadas pensionales. El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena les falló a favor. Pero fue apelado y el Tribunal Superior de Cartagena revocó la decisión del juzgado. A pesar de esto, la Gobernación accedió a conciliar y se dispuso que el dinero se pagaría con el 30 por ciento del Impuesto al consumo de la cerveza.
La Gobernación solicitó la nulidad de todo lo actuado, lo cual fue rechazado, por improcedente y extemporáneo, por la Juez Séptima Laboral del Circuito.
Por tutela, el caso llegó hasta la Corte Constitucional, que finalmente ordenó al Tribunal de Cartagena levantar la suspensión del proceso y que resuelva el caso en un término máximo de ocho días.
REDACCIÓN JUSTICIA
Con REDACCIÓN POLÍTICA
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