Lo que deberíamos hacer es un borrón y cuenta nueva del esquema de tributación en la capital.
Sobre los bogotanos pesan obligaciones tributarias diversas: permanentes, como el predial, y excepcionales, como el cobro por valorización.
El primero ha padecido grandes limitaciones, inicialmente debido a que su base gravable no correspondía al valor comercial de los bienes y más recientemente debido a todo lo contrario, pues la antitécnica actualización catastral generó que muchos propietarios tengan que pagar prediales por valores que superan ampliamente el valor real de sus inmuebles.
El cobro por valorización fue inicialmente una idea fantástica (que ha sido copiada en otros países de la región) debido al entonces novedoso concepto de cobrar de forma anticipada los beneficios (incremento del valor del suelo) que resultan de mejoras pagadas por el erario público. Gracias a los recursos así generados fue posible realizar algunos de los más emblemáticos desarrollos urbanos en las principales ciudades del país, incluyendo su capital.
Sin embargo, la limitada gerencia pública de las últimas administraciones distritales ha dado al traste con esta interesante y necesaria figura. El galimatías empezó con el Acuerdo 180 de 2005 gestionado por la Administración Garzón. El cobro se convirtió en una estrategia de consecución de recursos generales bajo el extraño modelo en el que las obras se ejecutarían fuera de su período de gobierno.
Posteriormente, los problemas de ejecución y corrupción de la Administración Moreno resultaron en demoras adicionales para el inicio y desarrollo de las obras. Finalmente, la actual Administración hizo gala de su estilo improvisador y modificó el plan de obras en cuestión de semanas sugiriendo intervenciones tan cuestionables como invertir billones de pesos en la avenida Caracas poco tiempo después de haber abandonado la idea de expandir TransMilenio a los corredores de las avenidas Boyacá y 68.
Lo que deberíamos hacer es un borrón y cuenta nueva del esquema de tributación en la capital, de forma que los ciudadanos paguemos lo que es justo y pertinente bajo consideraciones técnicas y económicas. Actuar de forma distinta pone en peligro las finanzas públicas y atenta contra la buena cultura tributaria de los bogotanos, lo que representa una de las pocas fortalezas que nos quedan.
El primero ha padecido grandes limitaciones, inicialmente debido a que su base gravable no correspondía al valor comercial de los bienes y más recientemente debido a todo lo contrario, pues la antitécnica actualización catastral generó que muchos propietarios tengan que pagar prediales por valores que superan ampliamente el valor real de sus inmuebles.
El cobro por valorización fue inicialmente una idea fantástica (que ha sido copiada en otros países de la región) debido al entonces novedoso concepto de cobrar de forma anticipada los beneficios (incremento del valor del suelo) que resultan de mejoras pagadas por el erario público. Gracias a los recursos así generados fue posible realizar algunos de los más emblemáticos desarrollos urbanos en las principales ciudades del país, incluyendo su capital.
Sin embargo, la limitada gerencia pública de las últimas administraciones distritales ha dado al traste con esta interesante y necesaria figura. El galimatías empezó con el Acuerdo 180 de 2005 gestionado por la Administración Garzón. El cobro se convirtió en una estrategia de consecución de recursos generales bajo el extraño modelo en el que las obras se ejecutarían fuera de su período de gobierno.
Posteriormente, los problemas de ejecución y corrupción de la Administración Moreno resultaron en demoras adicionales para el inicio y desarrollo de las obras. Finalmente, la actual Administración hizo gala de su estilo improvisador y modificó el plan de obras en cuestión de semanas sugiriendo intervenciones tan cuestionables como invertir billones de pesos en la avenida Caracas poco tiempo después de haber abandonado la idea de expandir TransMilenio a los corredores de las avenidas Boyacá y 68.
Lo que deberíamos hacer es un borrón y cuenta nueva del esquema de tributación en la capital, de forma que los ciudadanos paguemos lo que es justo y pertinente bajo consideraciones técnicas y económicas. Actuar de forma distinta pone en peligro las finanzas públicas y atenta contra la buena cultura tributaria de los bogotanos, lo que representa una de las pocas fortalezas que nos quedan.
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