A tres semanas de que se defina el nuevo presidente de Colombia –y en medio de una campaña en la que las negociaciones de paz en La Habana se han convertido en un tema fundamental y controversial– en el Palacio de Justicia, en Bogotá, se realizó ayer una audiencia pública vital para el futuro de estos diálogos y de la posibilidad de que los guerrilleros que se desmovilicen en virtud de un posible acuerdo participen en política y sean candidatos al Congreso. En esta audiencia, convocada por la Corte Constitucional, representantes del Gobierno, de los organismos de control y de la sociedad civil se pronunciaron ante la demanda que interpuso el exviceministro de Defensa, Rafael Guarín, contra el artículo del Marco Jurídico para la Paz que le permite al Congreso definir en qué casos los desmovilizados podrán participar en política y en qué casos no.
El aparte en cuestión señala que el Congreso será quien defina cuáles van a ser considerados delitos conexos al delito político de rebelión. Esto debido a que aquellos desmovilizados condenados o sancionados por crímenes no relacionados con ese delito no tendrían la posibilidad de “cambiar las armas por ideas”. Una discusión neurálgica si se tienen en cuenta los señalamientos contra las Farc por crímenes que algunos sectores han considerado no tienen nada que ver con su lucha insurgente. Por ejemplo: las graves violaciones a los derechos humanos –entre ellos, masacres, reclutamiento forzado, desplazamiento, secuestro– y el narcotráfico. Esto sin contar que varios sectores –como el procurador Alejandro Ordóñez y el candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga– han manifestado su rechazo a cualquier tipo de participación política para los guerrilleros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario